El reportaje

¿Cómo le pregunta una madre a otra por la muerte de su hijo? ¿Cómo se atreve a hablarle de duelo, de flores y velas al borde de una tumba, de las causas de una muerte, de posibles responsables, de justicia? 

Yo lo hice.

No con una madre, sino con muchas.

Madres y padres cubanos que perdieron a sus hijos cuando apenas habían comenzado a vivir. 

Unos murieron en un incendio voraz; otros quedaron atrapados tras una explosión en un almacén de armamentos. A otro lo encontraron muerto en su cama: alguien llegó hasta allí con un arma y le quitó la vida mientras dormía. Algunos tomaron un fusil y se quitaron la suya. Otros murieron en accidentes. Hubo quienes enfermaron y no recibieron atención médica a tiempo. También hubo quienes desaparecieron y nunca volvieron a casa.

Todos estaban bajo custodia del Estado cubano cuando fallecieron: cumplían el Servicio Militar Activo (SMA)*. Cuba obliga desde 1963 a los varones de entre 17 y 28 años a cumplir el SMA durante un período de uno a dos años. Los obliga a vestir uniforme militar. A que los llamen soldados. A abandonar temporalmente sus estudios y proyectos. A obedecer órdenes. A poner su vida bajo la responsabilidad de instituciones que responden al Partido Comunista, el único legal en el país.

Sin embargo, cuando decenas de jóvenes han muerto mientras cumplían el Servicio Militar, sus familias se han enfrentado al silencio, a la falta de explicaciones y a la impunidad de quienes tenían la responsabilidad de protegerlos. 

Ydierg Fernández, la madre de Darío Feria Fernández, todavía intenta entender qué le ocurrió a su hijo. Darío tenía 19 años cuando murió en 2025. Le faltaba un mes y 17 días para cumplir los 20. Era de Esmeralda, Camagüey. Cuando entró al Servicio Militar, su madre era una mujer sola que debía sacarlo adelante a él y a sus otras dos hijas pequeñas. 

Él pasaba el Servicio Militar en una unidad del Morro-Cabaña en La Habana, a 516 km de su pueblo natal. Un día, tuvo un accidente de tránsito y perdió la vida. Ella no sabe mucho más. Las autoridades nunca le explicaron las circunstancias del accidente ni le presentaron investigación alguna sobre lo ocurrido. 

«Lo único que tengo claro es que se los entregué vivo, con buena salud, y me lo devolvieron en una caja»**. 

En la última década (2016-2026), han fallecido, al menos, 89 jóvenes que cumplían el Servicio Militar en Cuba, según un registro elaborado por elTOQUE a partir de datos recopilados de investigaciones periodísticas, testimonios familiares y reportes independientes publicados durante ese período. Se trata de una base de datos pública, abierta a la actualización de los casos y a recibir reportes que podrían añadirse. 

El registro reúne la siguiente información de cada caso: el nombre de la víctima, fecha de muerte, edad, provincia de origen, unidad y territorio donde cumplía el Servicio, y las causas reportadas del fallecimiento —cuando esos datos pudieron determinarse—. También incorpora otras descripciones y links de referencias que permiten reconstruir, de manera parcial, las condiciones en que ocurrieron las muertes. La ausencia de información en algunos campos refleja, precisamente, los límites del acceso a datos públicos y a investigaciones oficiales sobre estos hechos.

La investigación forma parte de un proyecto documental más amplio sobre las muertes de jóvenes durante el SMA en Cuba en los últimos diez años. Además de la base de datos y este reportaje, el repositorio reúne normativas cubanas e internacionales, entrevistas con seis expertos y testimonios de diez familiares, algunos de los 46 consultados en total. En conjunto, los materiales permiten analizar las muertes no solo como una sucesión de casos individuales, sino también en relación con el funcionamiento del Servicio Militar en el país y la respuesta de las autoridades y las instituciones responsables.

«El Estado antepone sus propios intereses a los de las familias y las personas (…) Esto puede generar en los familiares una profunda sensación de desamparo, rabia y una gran sensación de traición institucional», afirma Gise Ponce, psicóloga consultada para este reportaje.    

En la búsqueda documental no encontramos ningún caso de 2016 que pudiéramos verificar e incorporar al registro. Eso no significa que no hayan ocurrido muertes durante ese año. 

Entre 2017 y 2021, se documentaron 15 muertes de jóvenes que cumplían el Servicio Militar. Entre 2022 y 2025, la cifra asciende a 70. Es decir, el 82.4 % de los casos registrados entre 2017 y 2025 se concentra en los últimos cuatro años de ese período. El análisis comparativo excluye 2026 porque el año aún no ha concluido y los datos disponibles corresponden a un período incompleto.

Es abrupto el cambio entre el período 2021 y 2022: pasa de cinco casos a 19, un aumento del 280 %. 

A partir del trabajo de documentación, también se identificó que muchos de los jóvenes fallecidos (23) no cumplían el Servicio Militar en su provincia natal, sino que estaban destinados a otros territorios, principalmente La Habana (12), Mayabeque (5), Matanzas (2) y Artemisa (2). 

El traslado de jóvenes entre regiones no es una práctica reciente. Máximo Omar Ruiz Matoses, exteniente coronel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, recuerda en declaraciones para esta investigación que es común que los reclutas de Oriente sean enviados a cumplir el Servicio a La Habana y otras provincias occidentales. Según su experiencia, esa distribución dificulta que las familias conozcan lo que ocurre dentro de las unidades.

Entre los casos en los que fue posible determinar la edad —65 de 89 (73 %)—, la mayoría tenía entre 18 y 19 años al momento de fallecer. Uno tenía 16 años y otros cinco 17. Eran menores de edad, según la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, ratificada por Cuba. El Estado de la isla también ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención relativo a la participación de niños en conflictos armados, cuyo artículo 2 establece que los menores de 18 años no deben ser objeto de reclutamiento obligatorio en las fuerzas armadas. 

Ese marco internacional, sin embargo, tiene un resquicio que el régimen cubano ha usado durante décadas, explica el abogado Eloy Viera, director de elTOQUE Jurídico: el propio Protocolo Facultativo permite el reclutamiento voluntario a partir de los 16 años, siempre que exista consentimiento informado, prueba de la edad real del recluta y, en algunos casos, autorización de los padres o tutores. Ese es el espacio legal que el Estado cubano ha utilizado consuetudinariamente para justificar el reclutamiento de adolescentes de entre 16 y 18 años: antes de incorporarse a la unidad, se les hace firmar un documento que funciona como prueba de que se alistaron «voluntariamente» —una experiencia que el propio Viera describe haber vivido cuando entró al Servicio Militar a los 17 años—.

«Evidentemente, aunque ese documento exista, lo cierto es que ese reclutamiento no es voluntario en lo absoluto, sino que está definido por tiempo, reglas y llamados activos de las fuerzas armadas a filas», señala Viera.

elTOQUE no tuvo acceso a las familias de los menores de 18 años que fallecieron en el SMA, por lo que no conocemos las circunstancias específicas en la que transcurrieron estos casos, pero según el registro en nuestra base de datos, la causa de muerte reportada en los seis adolescentes fue el suicidio. Esta es una de las principales causas de muerte identificadas en la investigación: 64 de los 89 jóvenes documentados —el 72 %— murieron en circunstancias clasificadas como accidentes (33) o suicidios (31).

En al menos nueve de los casos clasificados como suicidios, las familias han cuestionado las circunstancias de la muerte y han denunciado un posible encubrimiento estatal ante la sospecha de que se tratara de asesinatos. 

La falta de investigaciones transparentes contribuye a alimentar esas dudas. De 46 familias consultadas para conformar la base de datos, solo ocho indicaron que se realizó una investigación sobre la muerte de sus hijos en el SMA. Todas coinciden, sin embargo, en que el resultado no esclareció las circunstancias del deceso ni determinó responsabilidades. En el resto de los casos recogidos en la base documental tampoco hay reportes que indiquen que las autoridades hayan indagado sobre lo ocurrido. Además, en el contexto cubano, las pesquisas independientes del aparato estatal están prohibidas.

Las familias denuncian que la respuesta institucional tras la muerte de sus hijos no fue la transparencia, sino el silencio, las evasivas, las amenazas, los interrogatorios u otras formas de presión. Así, la historia de estas muertes no termina cuando se cierra un ataúd: para algunas familias comienza otra batalla contra las instituciones. «No hay justicia para nosotros ni para ellos», sentencia Félix González (conocido públicamente como Alfredo) padre de Annier González Acosta, un joven matancero que murió en 2021 a los 18 años. 

Esa batalla también se libra contra el relato que el Estado cubano ha sostenido sobre el Servicio Militar. Las autoridades han declarado en foros internacionales que en el país el reclutamiento y el Servicio Militar son «voluntarios» y que «no existe coerción». En la práctica, y según la legislación de la isla, la afirmación es falsa. 

«En Cuba, no se reclutan ni se reclutarán niños», afirmó en junio de 2022 Yisel González García, segunda secretaria de la Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, durante su comparecencia ante la Comisión de los Derechos del Niño en Naciones Unidas. 

No solo se niega la obligatoriedad del Servicio en Cuba. Los casos documentados también cuestionan la narrativa estatal sobre la presencia y la muerte de jóvenes y menores de edad mientras lo cumplían. 

Antonio iba a ser licenciado, Orlando pelotero. Sus vidas terminaron dentro de un cuartel

Antonio Alejandro Rassi Roque tenía una carrera universitaria por delante. Su madre, Mercedes Roque, lo describe así: «Era un joven centrado y feliz con sus compañeros de preuniversitario y su novia, hacía una vida social acorde a su edad e iba a estudiar licenciatura en Cultura Física».

Cuando llegó el momento de listarse en el Servicio Militar, Antonio no quería hacerlo. Su madre resume lo que significó para él en una frase: «Era dejar una vida para vivir otra impuesta». 

Antonio murió el 18 de agosto de 2025 en la Unidad Militar del Calvario, conocida como la 50, ubicada en 18 y 64, en La Habana. Tenía 18 años. 

Su madre no acepta la explicación oficial de que su hijo «tomó una decisión propia, se suicidó» y que no se investigara más su muerte. 

Mercedes ha sostenido entrevistas con funcionarios militares, aunque los responsables de la unidad de Antonio no se han presentado, pese a sus exigencias. En esas entrevistas, Mercedes cuestionó por qué los superiores no atendieron las señales de cambios en el comportamiento de su hijo que, según los testimonios de otros soldados, conocían y habían sido advertidas por algunos de sus compañeros. 

Su única pregunta no es qué provocó el suicidio de Antonio, si no qué hizo —o qué dejó de hacer— la institución antes de que ocurriera.

Otro de los jóvenes que falleció mientras pasaba el Servicio Militar es Orlando Lago Vega. Era deportista e iba a ser parte de la selección nacional de béisbol en cuanto le llegó la edad del SMA y tuvo que interrumpir su carrera deportiva. 

Según el relato de su padre, Orlando Lago Álvarez, el jóven había terminado su turno de guardia en el centro penitenciario de Valle Grande, en La Habana, y se acostó a dormir. A la 1:20 a. m. del primero de junio de 2020, aproximadamente, otro recluta entró al dormitorio y le disparó con un fusil AKM. El proyectil entró por el lado derecho de la espalda y afectó órganos vitales, entre ellos el hígado, un pulmón y el corazón, provocándole la muerte.

Desde entonces,  Lago Álvarez ha denunciado en redes sociales que el caso de su hijo no fue investigado con rigor. «Se trata de un homicidio premeditado que tuvo varios cómplices dentro de la prisión donde lo pusieron a pasar el Servicio. La persona que le disparó está cumpliendo condena por el crimen contra mi hijo. Pero un dirigente comunista que habría ordenado que mataran a mi niño ni siquiera fue investigado y sobraban las pruebas incriminatorias. Se trata de un vecino que tiene disputas con nuestra familia. Siete meses antes del fallecimiento de mi niño, nos había amenazado de muerte, las autoridades lo sabían y no hicieron nada para salvarlo», expresa su padre, quien desde entonces no ha dejado de exigir justicia. 

Debido a sus denuncias y exigencias, Orlando Lago Álvarez ha sido criminalizado y reprimido por las autoridades policiales. Sus quejas en las más altas instancias de la Fiscalía popular y la presidencia del país han sido ignoradas. 

Mercedes Roque y Orlando Lago Álvarez sostienen que sus hijos no habrían muerto si no hubieran tenido que interrumpir sus vidas y metas para ir de forma obligatoria al Servicio Militar. 

«Ni creo en el color verde de sus trajes ni en las estrellas puestas en sus hombros ni en un sistema que lejos de apoyar a las familias se burla abiertamente en nuestras caras. No creo ni en ustedes [el Gobierno cubano] ni en un sistema que minimiza las vidas de tantos niños en sus instituciones militares (mataderos). Se murió en la casa de ustedes, no en la mía», expresó Roque tras conocer que la Fiscalía militar archivó una investigación que ella exigió sobre la muerte de su hijo. 

Omar Ruiz Matoses —exteniente coronel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior y quien pasó años dentro de las estructuras militares cubanas antes de convertirse en opositor al Gobierno— sostuvo en declaraciones a elTOQUE que, por la ausencia de independencia de las instituciones de justicia, los familiares encuentran obstáculos cuando intentan denunciar una muerte o reclamar el esclarecimiento de las circunstancias en que esta ocurrió. 

Su afirmación coincide con una de las dificultades documentadas durante esta investigación: varias familias aseguran haber intentado obtener respuestas o presentar evidencias sin conseguir que sus reclamos avanzaran.

«Le dijimos que quería quitarse la vida»: la advertencia de la familia de Mayckol

En varios casos documentados de muertes por suicidios existen antecedentes de problemas psicológicos, intentos previos de atentar contra la vida, advertencias médicas, solicitudes de ayuda o testimonios de familiares que cuestionan si las señales de riesgo fueron atendidas.

En la base de datos también aparecen varios registros de «soldados» que murieron por disparos. La naturaleza del Servicio Militar coloca a los jóvenes frente a armas que, en circunstancias normales, no formarían parte de su vida cotidiana. 

Mayckol Arcia Hernández, por ejemplo, tenía antecedentes de problemas de salud mental y había amenazado con suicidarse. Aun así, fue destinado a custodiar un depósito de armas.

Según testimonios de familiares de Mayckol recogidos para esta investigación, 20 días antes de su muerte «advirtieron al capitán de su unidad, Yordany Rojas», sobre los deseos expresos del joven de quitarse la vida y la necesidad de que recibiera seguimiento psicológico y cuidados por parte de las autoridades. La respuesta que recibieron fue que se trataba de «malcriadeces» a las que no debían prestar atención.

  «La intención suicida nunca debe minimizarse», advierte la psicóloga Gise Ponce.

La familia señala dos cuestiones claves. La primera: cuando Mayckol pasó el examen médico para determinar si era apto para cumplir el SMA, sus familiares explicaron a la comisión que él tenía antecedentes de problemas de salud mental. También informaron que tenía una lámina de metal fijada en el rostro tras una operación por una fractura de mandíbula sufrida dos años antes. No obstante, el joven fue clasificado de apto y obligado a cumplir el Servicio Militar.

La segunda: la familia rechazó la versión oficial sobre las circunstancias de su muerte y se negó a firmar el acta elaborada por las autoridades después de una investigación que exigieron que se realizara «en todas las instancias militares y gubernamentales».

De acuerdo con la versión oficial, el joven se disparó en la cabeza. El impacto del proyectil provocó lesiones tan graves en el rostro que este tuvo que ser reconstruido durante la autopsia. Sin embargo, sus familiares detectaron incongruencias en los datos ofrecidos sobre las circunstancias de su muerte; entre ellas notaron que el joven no tenía restos de pólvora en sus manos ni cerca de la zona de la cabeza y que la posición en la que quedó el cuerpo no coincidía con lo descrito en el acta sobre su muerte. Al no obtener respuestas claras, los familiares se negaron a recibir el reporte de las autoridades sobre el fallecimiento de Mayckol. 

Juan Miguel Guerrero Silva, es otro joven que pasaba el SMA y tenía antecedentes psiquiátricos. Había estado ingresado en un hospital antes de su muerte. Según sus padres, los médicos habían advertido sobre su estado. Murió ahorcado en una unidad de la Marina.

En 2026, se registró el caso de Dailier Rodríguez Tamayo: especialistas médicos habían advertido que presentaba alteraciones psicológicas y que no debía portar armas; los familiares sostienen que sus superiores le entregaron armamento el mismo día de su muerte. La versión de las autoridades, según la información recopilada, calificó el hecho como «accidente».

Estos casos abren una pregunta que atraviesa buena parte de esta investigación: ¿qué mecanismos funcionan para determinar si un joven está en condiciones de portar un arma y qué ocurre cuando existen señales previas de riesgo?

Hay un patrón adicional que agrava la pregunta: dónde ocurren las muertes. Al menos seis casos se registraron en centros penitenciarios donde los reclutas del Servicio Militar cumplían funciones de custodia —Combinado del Este, Valle Grande, Combinado del Sur, la prisión de Ariza y la de Paso de Cuba, en Baracoa—. De esos seis, cinco fueron clasificados como suicidios: el 83 %, muy por encima del 34 % que representan los suicidios en el total de casos registrados. El dato sugiere que el contexto penitenciario no es solo un escenario más dentro del Servicio Militar, sino un factor de riesgo específico. En el Combinado del Este, ocurrió el suicidio de dos jóvenes —en 2020 y en 2025—.

Por otro lado, sobresale en el registro analizado que entre marzo y octubre de 2022, hay siete suicidios en seis meses —dos de ellos con solo 28 días de diferencia, en julio— en unidades y provincias distintas (Mayabeque, La Habana, Camagüey, Granma, Sancti Spíritus). 

Jonathan se disparó y su madre permaneció un mes entero al pie de su tumba

Algunos familiares no aceptan la versión oficial de que sus hijos se suicidaron. En la base de elTOQUE hay varios casos en los que padres o allegados cuestionan esa clasificación, como los de Reinaldo Chiu Padrón, Elvis Martínez, Ernesto Miranda y Flavio Raúl Alonso Piedra. Las circunstancias son distintas en cada caso y no permiten agruparlos como un mismo patrón de asesinato. Pero sí muestran otra constante: la distancia entre la explicación recibida por las familias y las dudas que permanecen después de las muertes. En ninguno de los casos hubo una investigación que esclareciera las contradicciones señaladas por las familias.

La madre de Jonathan Fernández Acanda, Yeni Acanda, no cuestiona que su hijo se quitara la vida. Lo que no logra aceptar es que esa decisión pueda explicarse únicamente por un antecedente ocurrido cuando él era niño. Jonathan nació el 26 de mayo de 2002. Tenía 20 años cuando murió, el 29 de julio de 2022, mientras cumplía el Servicio Militar.

Ella recuerda a su hijo como «un joven inteligente, tranquilo, graduado como profesor de Educación Física y con una novia de toda la vida». 

«Cuando era adolescente, había recibido atención psicológica después de que, jugando en la secundaria, dijera que se cortaría el cuello. Yo estaba en medio de un divorcio, y él además estaba estresado por las pruebas», explica. Según relata Yeni Acanda, «después de que Jonathan tuviera seguimiento psicológico durante un tiempo, los especialistas determinaron que no tenía indicios de suicidio». En los años siguientes, asegura, tampoco advirtió señales que le hicieran pensar que su hijo terminaría con su vida.

El día de su muerte, Jonathan había sido reprendido porque llevaba un teléfono celular en el bolsillo, y en las unidades militares cubanas está prohibido tener esos equipos. Al final de la tarde, se lo devolvieron para que lo llevara a casa de su abuela que quedaba cerca de allí. Según las declaraciones que recibió Yeni, «cuando le quitaron el celular, él estaba calmado». Ella cree que algo ocurrió después. «Pudo haber sido criticado, humillado o sometido a algún tipo de presión que nunca llegué a conocer».

Jonathan entró a la guardia alrededor de las diez de la noche. Media hora después, se disparó con un arma de fuego. 

La escena que le describieron se convirtió para Yeni en una imagen imposible de borrar. «Como madre, imagínate, me volví loca. Tenía en ese momento una niña de solo 4 años. Y estuve un mes viviendo en el cementerio. No aguantaba la idea de que mi hijo estuviera allí debajo, descomponiéndose».

Yeni bajó de peso hasta las 90 libras y enfermó «de los nervios». Cinco meses después, descubrió que su madre tenía cáncer de pulmón y durante los cinco meses siguientes la acompañó hasta su muerte.

Hoy habla de lo ocurrido desde otro lugar. Encontró refugio en la religión y dice que pudo reconstruir su vida. Pero el duelo no desapareció. «Siempre llevo a mi hijo en mi corazón y, cuando se acercan las fechas señaladas[cumpleaños, Día de las madres, la fecha de su muerte…], ese día mi corazón late más lento, pero logro pasar el día porque Dios me acompaña, me fortalece y me sostiene de la mano».

Los testimonios de jóvenes que cumplieron el Servicio Militar junto a las víctimas, de sus familiares y de los reclutas antes de morir permiten reconstruir un mismo entorno: disciplina extrema, abusos de autoridad, ofensas y humillaciones, castigos, bullying entre los soldados, cuestionamientos sobre la sexualidad y otras formas de violencia verbal y psicológica.

A lo anterior se sumaban jornadas con horarios de sueño alterados, mala alimentación, duchas de agua fría incluso en zonas montañosas y durante el invierno, y exigencias de pagos adicionales para acceder a determinados beneficios. Muchos eran enviados a cientos de kilómetros de sus familias y podían pasar meses sin regresar a casa. Algunos nunca antes se habían separado de sus padres ni habían salido de su provincia.

Ese contexto resulta relevante al analizar los suicidios: en varios casos había señales previas de sufrimiento, conflictos, humillaciones, problemas psicológicos o solicitudes de ayuda que fueron conocidas por familiares, compañeros o superiores.

«Melo, así yo le decía. Era mi niño y me lo quitaron»

Osmel Manresa Quiala tenía 21 años y era técnico mecánico. Su madre, Mirna Quiala, pidió reiteradamente su baja del Servicio Militar cuando el padre de Osmel, su esposo, enfermó de gravedad y los médicos le dieron tres meses de vida. La baja nunca llegó, apenas autorizaron a que el joven estuviera unos días con su padre en casa, y tras su muerte, tuvo que regresar a la unidad. Mirna pidió mucho que la escucharan: su hijo podía ayudar con el sostén de la familia; ella no trabajaba y acababa de perder a su esposo. Pero la baja de Osmel del Servicio Militar le fue denegada una y otra vez.

El 7 de septiembre de 2018, siete meses después de la muerte de su padre y casi a la misma hora, Osmel sufrió un accidente. Cayó de un árbol. En medio de la gravedad por el fuerte impacto gritaba pidiendo auxilio y decía: «no puedo dejar a mi madre sola». Pero Osmel no superó siquiera esa noche en el hospital.  

Su madre tuvo que autorizar la desconexión de los equipos que lo mantenían con vida y aceptó la donación de sus órganos. «Me repartieron a mi hijo en pedazos», cuenta. Para ella, la decisión de «desconectarlo» todavía pesa como una culpa.

«En este país, a los hijos los parimos las madres y los gobiernan ellos», dice Mirna. Para ella, Osmel seguirá siendo su «niño».

Jorge murió electrocutado: «Eso nos dijeron y nada más pasó»

En 2017, Jorge Carlos Martínez Testa, de 19 años, murió en una Unidad Militar de Bejucal, en Mayabeque, después de que —según el testimonio de su padre Jorge Alberto Martínez— un oficial le ordenara realizar una tarea en un almacén. Al colocar una escalera, esta tocó un cable de alta tensión y electrocutó a su hijo. «Eso nos dijeron y nada más pasó», señala. 

Carel Gutiérrez Durán, de 18 años, llevaba apenas seis días en el Servicio cuando en 2021 murió aplastado por siete tubos de acero que, según los reportes recopilados, estaban colocados de manera insegura. En 2023, Dariel Cabrales Valdés, de 21 años, destinado en una unidad del Ejército Juvenil del Trabajo y posteriormente reubicado en un central azucarero, murió sepultado por azúcar caliente mientras trabajaba en la zona del embudo.

Adrián Rodríguez García, murió atropellado en su unidad militar. 

Ángel Ernesto Acosta Portuondo fue aplastado por un tanque blindado durante un ejercicio militar. 

Julio Acuña Torres falleció por el golpe de una rondana que se soltó en su unidad militar.

Para Máximo Omar Ruiz Matoses, exteniente coronel de las FAR, el deterioro del equipamiento militar y la preparación insuficiente de los reclutas también son factores de riesgo.

También han ocurrido accidentes colectivos. Varios jóvenes que cumplían el Servicio Militar quedaron expuestos al mismo tiempo a situaciones de extremo peligro. Dos tragedias concentran 13 de los casos documentados en esta investigación: el incendio de la Base de Supertanqueros de Matanzas (2022) y las explosiones ocurridas en un almacén de material de guerra en Melones, Holguín (2025).

La primera ocurrió el 5 de agosto de 2022, cuando un rayo provocó un incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas. El fuego alcanzó uno de los depósitos de combustible y provocó explosiones sucesivas que convirtieron la emergencia en la peor catástrofe de ese tipo en Cuba. 

Entre los fallecidos, estuvieron cuatro jóvenes de 19 años que habían sido ubicados por el SMA en el Comando de Bomberos No. 3 de su provincia.  

Los restos óseos hallados en el desastre no pudieron ser identificados debido a las altas temperaturas a las que sus cuerpos estuvieron expuestos. 

Días antes, aquellos muchachos estaban en sus casas, con sus familias, imaginando su futuro. Después, sus mandos militares los enviaron a un escenario de desastre sin precedentes en el país y sus vidas terminaron. Tras el incendio, varios familiares cuestionaron la preparación con la que contaban quienes apenas habían comenzado el Servicio para enfrentar un fuego de esa magnitud y si tenían los medios disponibles para hacerlo.

Después de sus muertes, los jóvenes fueron presentados por la narrativa oficial como «héroes». Para sus familias, sin embargo, todavía estaban comenzando sus vidas y no habían escogido terminarla frente a un incendio.

Tres años después, el 7 de enero de 2025, una serie de explosiones ocurrió en un almacén de material de guerra en Melones, municipio Rafael Freyre, Holguín. Nueve jóvenes (incluidos en este registro) murieron allí.

Para sus familias, tras la declaración oficial de sus muertes comenzó otra espera: saber qué había ocurrido con sus hijos, si los cuerpos podrían recuperarse. Les dijeron que no. 

Daliha González, hermana de Frank Antonio Hidalgo Almaguer fallecido en Melones, llegó a la Región Militar de Holguín después de conocer la noticia de la explosión para saber cómo serían las labores de rescate. 

Lo que siguió, cuenta, fueron cuatro días de espera. «[Los militares] se mantuvieron diciendo que iban a entrar al lugar para intentar salvar a quienes quedaran vivos o rescatar los cuerpos. Nunca lo hicieron. Nos mintieron una y otra vez. Terminaron diciendo que el túnel donde estaban había colapsado y no podían acceder».

Daliha sostiene que esa explicación tampoco corresponde con lo que posteriormente ocurrió. «Los cuerpos fueron encontrados este año en estado de descomposición, cuando otros jóvenes entraron en los mismos túneles intentando hallar armas y material que había quedado allí tras la explosión», revela. 

«Nunca hicieron ni el mínimo esfuerzo en realizar las búsquedas. Los dejaron morir ahí dentro porque no entraron, no hicieron nada por rescatarlos», añade Daliha, quien al cierre de este reportaje denunció que todavía su familia espera que le entreguen el cuerpo de su hermano desde hace un mes atrás (junio de 2026). 

«¿Cuál fue el motivo por el que no quisieron hacer las búsquedas correspondientes?», cuestiona. 

La familia de Frank decidió mantener una distancia explícita de la representación oficial de la tragedia. Daliha cuenta que sus familiares se negaron a que la fotografía de Frank fuera utilizada por las autoridades en los comunicados oficiales o durante el homenaje póstumo. Para ellos, aceptar esa imagen dentro de una ceremonia oficial significaba aceptar una narrativa sobre su muerte que no consideraban esclarecida.

En 2025 ocurrió, además, otro episodio colectivo en la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM) en el que murieron dos jóvenes que cumplían el Servicio Militar tras ser embestidos por un ómnibus que chocó con la garita donde se encontraban haciendo guardia.

Reinier enfermó durante el Servicio y nunca volvió a ser el mismo

Las muertes por problemas de salud y presunta negligencia médica suman diez casos del total registrado: cuatro clasificados como enfermedad y seis como negligencia médica. También añade denuncias sobre la opacidad de las instancias militares en Cuba. 

La familia de Ariel Díaz Cardero, por ejemplo, recibió inicialmente un dictamen que decía que el joven, de 18 años, había muerto por «una causa desconocida». Luego, les dijeron que había sufrido una miocarditis. Pero su madre, Odalis Cardero, denuncia que no se esclarecieron las circunstancias reales de la muerte de su hijo, quien se encontraba en ese momento en un centro disciplinario, en la Unidad Militar #6 de Matanzas. Cardero ha cuestionado por qué no la dejaron ver el cuerpo de su hijo y por qué su sepelio estuvo rodeado de fuerte presencia militar.

Otro caso es el de Yordan, quien, según la información recopilada, tenía dengue y continuó sometido a las rutinas militares sin recibir atención médica adecuada. 

Reinier Saúl Toledano Zamora había entrado al Servicio Militar en 2021, en plena pandemia de COVID-19. Según cuenta su madre, Maribel Zamora, cuando enfermó en la unidad militar El Naranjal, en Bayamo, Granma, fue sometido a sucesivos períodos de aislamiento porque los responsables suponían que podía tratarse de COVID-19. La familia sostiene que durante ese tiempo no se profundizó en lo que estaba ocurriendo.

Finalmente, el joven sufrió una complicación cardíaca. Un coágulo se alojó en la válvula mitral y, después de permanecer 15 días en terapia intensiva entre la vida y la muerte, fue trasladado a un cardiocentro, donde le diagnosticaron una endocarditis infecciosa. Fue sometido a una cirugía a corazón abierto en Santiago de Cuba y quedó con una prótesis mecánica permanente.

Cuatro años después, su estado volvió a deteriorarse. El 13 de enero de 2025, comenzaron a hinchársele los pies y su madre lo llevó al médico durante tres días consecutivos. El último día, el 15 de enero, quedó ingresado. Ya estaba grave. Necesitaba otra operación para sustituir la prótesis, pero no había un vehículo especializado para trasladarlo en su estado a un cardiocentro. Murió. 

«Le echo la culpa al Servicio Militar Obligatorio porque si él no hubiera ido allí, en donde cogió esa bacteria, no se hubiera enfermado y estuviera conmigo», denuncia. 

La base documental también recoge situaciones de jóvenes que llevaban días quejándose de dolores, familiares que pidieron que fueran retirados de las unidades o problemas de salud que, según las denuncias, no fueron atendidos oportunamente.

No todos los casos pueden atribuirse a una negligencia médica. Pero el conjunto permite cuestionar qué atención recibe un recluta cuando enferma, quién decide si puede continuar cumpliendo sus funciones y qué ocurre cuando sus familiares consideran que la respuesta llegó demasiado tarde.

«Hoy soy una madre con el corazón destrozado y digo NO al Servicio Militar Obligatorio», expresa Maribel Zamora. 

A los casos anteriores se suma el de Reinel Porra Cervantes: fue visto por última vez cuando regresó a su unidad en Topes de Collantes, en julio de 2022; desde entonces su familia dejó de tener noticias de él.

elTOQUE contactó a las instituciones militares y otras entidades estatales vinculadas con varios de los casos documentados y les solicitó información y declaraciones sobre las circunstancias de las muertes, los procedimientos seguidos y las investigaciones realizadas. Ninguna de las comunicaciones establecidas recibió respuesta. Por esa razón, algunas de las interrogantes que surgen de los testimonios y de la documentación recopilada no pudieron ser esclarecidas por las autoridades responsables. 

El acceso a fuentes oficiales también estuvo condicionado por las restricciones informativas que existen en Cuba: la página web oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), por ejemplo, no permite el acceso desde fuera de la isla. Esas dificultades se producen en un país donde el acceso a la información pública es limitado y el ejercicio del periodismo independiente está severamente restringido.

La ausencia de respuesta oficial es una limitación de esta investigación, pero también un dato sobre las condiciones en las que fue realizada.

elTOQUE también solicitó declaraciones a diversas organizaciones y entidades internacionales especializadas en temas relacionados con el Servicio Militar Obligatorio, la objeción de conciencia y las muertes ocurridas bajo custodia estatal. La mayoría no respondió y otras declinaron pronunciarse por no conocer suficientemente el contexto cubano. La ausencia de respuestas pone de relieve otra de las dificultades que acompaña esta investigación: aunque durante décadas se han denunciado en Cuba muertes, abusos y otras irregularidades relacionadas con el SMA, estas no solo han quedado sin una investigación pública y transparente dentro de la isla, sino que tampoco han recibido seguimiento sistemático de organismos internacionales especializados. 

Durante el desarrollo de esta investigación preguntamos una y otra vez qué ocurrió con esos jóvenes. Preguntamos a sus madres y padres, a testigos, a periodistas, a fuentes independientes y también a las instituciones que tenían la responsabilidad de responder. Muchas familias siguen sin saberlo. Nosotros tampoco pudimos responder todas las preguntas.

Pero hay algo que sí pudimos reconstruir en muchos de los casos: sus nombres, sus edades, sus proyectos, las circunstancias de sus muertes y lo que ocurrió después. 

El Estado los recibió como soldados. Sus familias los entregaron vivos. Algunos nunca regresaron. Y para demasiados padres, la última respuesta que recibieron no fue una explicación, una investigación ni justicia, sino el silencio.

Por ese motivo, esta investigación no termina con los 89 nombres que hemos podido documentar. Termina con una pregunta que sigue abierta: ¿cuántos de esos jóvenes podrían estar vivos si alguien hubiera escuchado a tiempo, investigado a fondo o entendido que, detrás de cada uniforme, había un hijo?

* A lo largo de este texto utilizamos «Servicio Militar Activo» (SMA), que es la denominación oficial empleada por la legislación cubana. Aunque en Cuba es habitual llamarlo «Servicio Militar Obligatorio» (SMO), incluso en medios de prensa independiente, optamos por el término oficial y reservamos «obligatorio» para describir el carácter no voluntario de la prestación.

**1. Según el testimonio de Fernández, en este accidente también falleció otro joven que pasaba el Servicio Militar en La Habana, natural de Santiago de Cuba, a donde luego habrían enviado el cuerpo. elTOQUE no pudo conocer la identidad de la persona fallecida u otra información adicional que permitiera añadirlo a nuestro subregistro. 

*** Aunque el registro reúne 89 casos que pudimos documentar y verificar, identificamos al menos seis adicionales ocurridos durante el período estudiado sobre los que solo encontramos una fotografía y un reporte breve, insuficientes para completar la información mínima requerida para incorporarlos. Estos casos quedan fuera del registro, pero advierten que el número de jóvenes fallecidos durante el Servicio Militar podría ser mayor que el documentado en esta investigación.

Dedicado a: Alfredo González, padre de Annier González, un joven matancero que murió mientras cumplía el Servicio Militar Activo en Cuba.

Desde la muerte de su hijo, Alfredo no dejó de buscar respuestas. Comenzó a reunir documentos, testimonios y nombres de otros jóvenes que, como Annier, murieron mientras estaban bajo responsabilidad del Estado cubano. Buscó a sus familias, escuchó sus historias y conservó sus memorias. Lo hizo para que sus hijos no fueran solamente una cifra, para que sus muertes no quedaran reducidas a una versión oficial y para que sus familias pudieran algún día encontrar justicia.

Por esa búsqueda también ha sido reprimido. Incluso en medio de su duelo, las autoridades cubanas han intentado silenciarlo.

Alfredo lleva años haciendo algo que ningún padre debería verse obligado a hacer: investigar la muerte de su hijo.

Esta investigación recoge parte de ese camino y continúa una búsqueda que él comenzó. Es, también, un intento de honrar la memoria de Annier y de los otros jóvenes cuyos nombres Alfredo se ha empeñado en mantener vivos.