Raudiel Peña Barrios

¿Qué establece la legislación cubana sobre el Servicio Militar Obligatorio? ¿Qué derechos y garantías tienen los jóvenes reclutados y qué responsabilidades recaen sobre las Fuerzas Armadas y sus mandos para proteger su vida e integridad física?

La legislación cubana determina el reclutamiento a través de la Ley 75 de la Defensa Nacional (1995). El artículo 7 impone a los ciudadanos el deber ineludible de incorporarse a la defensa cuando son llamados. En el artículo 67 se establece que los ciudadanos del sexo masculino —de entre 17 y 28 años— deben cumplir el Servicio Militar Activo por un plazo de dos años. En los artículos 46 y 66 se define que los reclutas cumplen sus funciones directamente en unidades del Ministerio de las Fuerzas Armadas (Minfar) o del Ministerio del Interior (Minint) y adquieren el estatus de militares en servicio activo, por lo cual quedan rígidamente sometidos a las leyes y reglamentos castrenses. 

El artículo 65 establece una exención legal explícita: están exentos los incapacitados físicos o mentales declarados oficialmente como tales. Asimismo, el artículo 70 obliga a las comisiones de reclutamiento a vincularse con los jóvenes y sus familias para «conocer sus necesidades». El artículo 69 garantiza formalmente que a los ciudadanos incorporados se les asegurará los recursos y abastecimientos según las normas vigentes. En consecuencia, los mandos militares tienen la responsabilidad directa de evaluar la idoneidad mental antes de armar a un recluta y de proveer las condiciones de seguridad industrial y militar para el cumplimiento de sus tareas. La prestación del Servicio Militar es un deber constitucional establecido en el artículo 90, inciso f, de la Constitución de 2019.

Cuando un joven fallece durante el Servicio Militar, ¿qué obligaciones tienen las autoridades según la legislación cubana? ¿Cómo debería realizarse la investigación, informar a la familia y determinar la responsabilidad de los involucrados?

Según el marco legal interno, al tener los reclutas estatus militar activo (art. 46), el conocimiento de un fallecimiento no corresponde a la jurisdicción civil común, sino que es responsabilidad de la jurisdicción penal militar bajo la Fiscalía Militar y los Tribunales Militares (art. 13). Por tanto, las autoridades están obligadas a iniciar una investigación de oficio, preservar la escena del suceso y realizar los peritajes forenses y balísticos pertinentes en dependencias de Criminalística. Formalmente, los resultados y dictámenes médicos forenses deben ser comunicados a los familiares, aunque en la práctica eso no siempre se cumple o se entrega información parcial y poco transparente. 

La responsabilidad de los involucrados se determina mediante investigaciones de la Fiscalía militar, la cual debe acusar a los responsables ante los Tribunales militares si por las acciones u omisiones de ellos (por ejemplo: oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), responsables de la seguridad de los reclutas y del manejo del armamento y el cumplimiento de las normas de seguridad) perdió la vida o resultó lesionado algún recluta.

Al comparar ese marco jurídico con los estándares internacionales de derechos humanos, ¿cuáles son las principales diferencias? ¿Qué obligaciones debería cumplir el Estado para garantizar el derecho a la vida, una investigación independiente y el acceso a la verdad y la justicia para las familias?

Las diferencias entre el marco jurídico cubano y los estándares internacionales son profundas:

- La independencia del órgano investigador: a nivel internacional, el Protocolo de Minnesota establece que las autoridades a cargo de investigar una muerte potencialmente ilícita en custodia deben ser independientes e imparciales, sin relación institucional ni jerárquica con los investigados. En Cuba, la Fiscalía y los investigadores militares pertenecen a la misma estructura jerárquica y política de las FAR o el Minint, y actúa como juez y parte con absoluta opacidad.

- Escrutinio público y derechos de las víctimas: el estándar internacional exige que las conclusiones sean públicas y que los familiares participen activamente, tengan acceso al expediente, asistencia letrada independiente y la facultad de enviar un perito médico a la autopsia. El marco cubano anula esas facultades de auditoría externa.

- Obligaciones del Estado para cumplir el estándar: para garantizar el derecho a la vida, el Estado cubano debería: transferir de inmediato las investigaciones de fallecimientos en recintos militares o policiales a la jurisdicción penal ordinaria y civil; permitir la supervisión de comisiones independientes y relatores de la ONU; y garantizar el derecho a la verdad, cesando el secreto militar en torno a las bajas del Servicio Militar Obligatorio.

A partir de los casos que ha documentado Cubalex, ¿cuáles son las violaciones de derechos humanos o irregularidades que aparecen con mayor frecuencia? ¿Qué patrones se repiten en la actuación de las autoridades?

A partir de los subregistros de Cubalex, las irregularidades más frecuentes y los patrones repetitivos son:

• El incumplimiento del filtro de salud mental. Jóvenes con severas patologías psicológicas previas son obligados a alistarse. Los oficiales suelen desestimar las alertas de familiares calificándolas de «malcriadeces», lo que detona suicidios previsibles.

• Exposición a riesgos extremos y negligencia operativa: enviar a reclutas sin la capacitación técnica adecuada ni medios de protección a tareas peligrosas de producción económica o a entrenamientos con fuego real.

• Discrepancia e invención en causas de muerte: los certificados oficiales dictaminan de forma expedita causas como «suicidio» o enfermedades «fulminantes» que chocan frontalmente con las lesiones, hematomas y signos de violencia física detectados a simple vista.

• Patrón represivo colateral (impunidad por coacción): hostigamiento, amenazas e interrogatorios dirigidos por la policía política (Seguridad del Estado) contra los padres y madres que exigen la verdad o denuncian los hechos en redes sociales y medios independientes.

¿Qué cambios legales e institucionales serían necesarios para prevenir estas muertes, garantizar investigaciones independientes y evitar la impunidad?

Para erradicar de raíz la problemática estructural de las muertes bajo custodia en Cuba se requieren transformaciones legislativas e institucionales profundas.

- Es necesario la modificación de la Ley 75 de la Defensa Nacional y eliminar el carácter obligatorio del Servicio Militar o, en su defecto, reglamentar de forma estricta el derecho a la objeción de conciencia y la implementación de formas alternativas civiles que no pongan en riesgo la vida del recluta.

- Reforma jurisdiccional: prohibir por ley que los Tribunales y fiscalías militares sean las entidades que procesen los casos de violaciones de derechos humanos o muertes de ciudadanos bajo custodia militar. Esos casos deben ser derivados obligatoriamente a Tribunales civiles transparentes.

- Creación de una defensoría o mecanismo nacional de prevención contra la tortura: un órgano de supervisión verdaderamente autónomo de las FAR y el Minint, con facultades plenas para realizar inspecciones sorpresivas y sin restricciones a prisiones, estaciones de Policía y unidades militares.

En términos jurídicos, ¿qué responsabilidad tiene el Estado cuando una persona muere mientras se encuentra bajo su custodia o control como ocurre con los jóvenes que cumplen el Servicio Militar Obligatorio? ¿Cambia esa responsabilidad aunque la versión oficial atribuya la muerte a un suicidio, un accidente o una negligencia individual?

En términos jurídicos internacionales, cuando el Estado priva de libertad a un ciudadano o lo somete a su control absoluto, como ocurre en el Servicio Militar, asume automáticamente la posición de garante. Eso significa que el Estado es directamente responsable de la vida, la salud y la seguridad de esa persona debido al régimen de sujeción especial que ha impuesto.

• Ante un suicidio: el Estado sigue siendo responsable si se demuestra que fue negligente en los exámenes médicos de selección (art. 65 de la Ley 75), si aplicó medidas severas como el aislamiento prolongado que exacerbaron la vulnerabilidad psicológica, o si no implementó protocolos preventivos adecuados a pesar de las alertas previas.

• Ante un accidente o negligencia individual: La responsabilidad estatal permanece activa. Al operar en un ambiente rígidamente controlado y vertical (FAR/Minint), las fallas técnicas en armamento, la ausencia de insumos de protección o el actuar negligente de un oficial subordinado constituyen fallas estructurales del aparato estatal.

Bajo el Protocolo de Minnesota, toda muerte en custodia genera una presunción jurídica de muerte potencialmente ilícita y de responsabilidad estatal. El Estado no se exime aduciendo que la muerte fue un «hecho fortuito»; jurídicamente está obligado a desvirtuar esa presunción mediante una investigación independiente y transparente, demostrando que hizo lo técnica y humanamente posible para proteger la vida de la persona bajo su cuidado y responsabilidad.