Claudia Padrón Cueto

Fuiste una de las primeras periodistas que comenzó a documentar de manera sistemática las muertes de jóvenes durante el Servicio Militar Obligatorio en Cuba. ¿Qué patrones encontraste al investigar los casos y qué te revelaron sobre la forma en que el Estado responde cuando ocurre una muerte bajo su custodia?

En un primer acercamiento, los patrones hallados son los referidos al tipo de muerte o a cómo murieron los muchachos. Uno es: la mayoría de las muertes fueron por lesiones autoinfligidas o suicidio.

Sobre ese tipo de muerte, había casi siempre antecedentes de que esos jóvenes no estaban bien. Habían manifestado su intención de dañarse, algunos ya lo habían hecho previamente o atravezaban etapas depresivas.

Las familias lo sabían, se lo habían comunicado a las autoridades y las autoridades militares de las unidades donde ellos estaban nunca les prestaban atención. Lo veían como una malcriadez, como una «blandenguería», algo bastante machista. Pero los jóvenes nunca recibieron la atención psicológica que necesitaban a pesar de haber manifestado su intención de terminar con su vida para salir de allí.

Por otro lado, el segundo motivo de muerte era supuestos accidentes asociados a la actividad militar: armas que a veces estaban en mal estado, explosivos o enfermedades que contrajeron por estar en lugares con malas condiciones.

Recuerdo el caso de un joven de La Habana que pasó mucho tiempo en un sótano muy húmedo, donde había hongos, y eso lo enfermó y murió.

De ese tipo de muerte, las autoridades se desligaban completamente de cualquier tipo de responsabilidad.

Aun cuando fuese porque les habían dado algún tipo de armamento en mal estado, sin importar la causa de la muerte, las autoridades siempre tomaban distancia y no respondían por los fallecimientos de los jóvenes, aunque en algunos casos sí estaba clara la responsabilidad que ellos habían tenido.

Porque ni eran accidentes ni las muertes por suicidio habían ocurrido sin que hubiera señales para atender a esos jóvenes y tratar de que no llegaran a tomar una determinación tan drástica como atentar contra su vida.

En muchos de estos casos de muerte, las familias denuncian investigaciones opacas, versiones oficiales contradictorias o la ausencia total de explicaciones. Desde tu experiencia, ¿cómo describirías el nivel de impunidad que existe alrededor de estas muertes y cuáles son los principales obstáculos que enfrentan los familiares para conocer la verdad y obtener justicia?

La impunidad del Estado es total. No solo con los casos de los jóvenes que han muerto. También he documentado historias de maltrato, de violencia física hacia otros reclutas; algunos incluso han sido golpeados por guardias, me refiero a militares, no a otros cadetes como ellos. Y la culpa siempre recae en el eslabón más débil, que es el recluta.

Si el recluta le responde un golpe a un militar, no importa que el militar haya iniciado la pelea, no importa que el militar haya sido irrespetuoso, que lo haya violentado antes: termina castigado doblemente. Los reclutas entonces terminan en las cárceles destinadas para los jóvenes del Servicio.

Hay padres que han intentado abrir investigaciones porque las muertes de sus hijos ocurrieron en circunstancias bastante turbias. Al punto de que no se les ha permitido estar a solas con el cuerpo de sus hijos.

Recuerdo con exactitud lo que vivió una madre, Odalis, con su hijo mientras pasaba el Servicio Militar. Era un joven perfectamente sano. Un muchacho que nunca se adaptó al Servicio y que siempre estaba tratando de ver cómo se fugaba para su casa. Tenía muchos problemas en la unidad por esas indisciplinas.

A Odalis un día la llaman las autoridades y le dicen que su hijo tuvo un infarto y murió. Y eso para ella todavía es algo que no encuentra respuesta, porque era un joven que nunca había tenido ese tipo de antecedente. Ya casi estaba terminando el Servicio.

Ella no cree que fue un infarto repentino lo que provocó su muerte, sin ninguna otra explicación o contexto. Cree que falleció como consecuencia de algún tipo de castigo o maltrato severo por las tantas veces que él se fugó. Él se encontraba en el momento de su muerte en un centro disciplinario dentro la unidad donde pasaba el Servicio. Pero lo más alarmante de la historia es que Odalis nunca pudo estar a solas con el cuerpo de su hijo. Lo vio cuando ya estaba vestido.

El día en que le hicieron el sepelio y velaron el cuerpo dentro de la casa, llegó un autobús lleno de militares. Ni ella ni el tío del joven ni el padre, nadie, pudo estar a solas con el cadáver.

Si lo anterior no es una prueba, es al menos un indicio de que había algo que ocultar en el cuerpo, porque entonces ¿por qué no permitirían que su madre o su familia estuviesen presentes cuando lo estaban vistiendo; que estuviesen presentes o a solas con el cuerpo para despedirse? 

He documentado varios casos como el del hijo de Odalis  que ilustran cómo una vez que un joven muere dentro del Servicio, la familia ya no tiene nada que reclamar: sea cual sea la causa, las autoridades nunca se responsabilizan.

Cuando uno de los padres ha intentado iniciar un proceso para esclarecer la muerte de sus hijos, para que las autoridades respondan ante una negligencia, ante un acto violento o ante la opacidad en la información, se dan cuenta de que hay una historia prefabricada sobre la muerte de los jóvenes.

Durante tus investigaciones ¿conociste casos de familiares que sufrieran represalias por denunciar públicamente la muerte de sus hijos, hablar con medios independientes o exigir explicaciones? ¿Qué formas de presión o intimidación identificaste y qué efecto tuvieron sobre la búsqueda de verdad y justicia?

La respuesta de las autoridades ha sido acosar a los familiares. El ejemplo más claro ha sido el del padre Alfredo González, que creó el grupo «No más muertes en el servicio militar» y que se ha convertido en un activista del tema.

Ese hombre ha sido citado por la Seguridad del Estado, ha sido amenazado y, junto con él, hay otras madres que tampoco han podido seguir adelante con procesos legales, aun cuando lo hayan intentado. Les hacen imposible ese tránsito hacia la justicia. Eso sucede, porque no puedes ir y poner una queja o una petición, o intentar abrir una investigación, cuando quien tiene que responder por la justicia es un juez que forma parte del mismo aparato estatal que tenía bajo custodia a esos jóvenes. 

La no división de poderes que hay en Cuba es principalmente la causa de que estos procesos nunca lleguen a ningún lado, porque las autoridades no están dispuestas a asumir que tuvieron una responsabilidad en las muertes de los jóvenes.

¿Qué papel ha desempeñado la prensa independiente en la preservación de la memoria de estas víctimas y en el acompañamiento a sus familias? En un contexto en el que las instituciones no ofrecen respuestas ¿consideras que el periodismo se ha convertido en una forma de construir verdad y contribuir, al menos simbólicamente, a la justicia y la reparación?

La prensa independiente ha sido clave. También los observatorios independientes, como Archivo Cuba, que ha tenido un trabajo serio de sistematización de jóvenes que han sido víctimas del Servicio Militar. 

Inicialmente se comenzaron a reportar casos concretos, a dar voz a los familiares que denunciaban las muertes de sus hijos y exigían justicia. Eso luego permitió sistematizar toda la información reportada durante años de forma aislada y observar patrones, como que las autolesiones son una de las  principales causas de muertes. 

La prensa independiente y los observatorios han evidenciado que esos jóvenes que fallecieron en el Servicio Militar, no tuvieron asistencia psicológica; que las investigaciones tras sus muertes (cuando las hay) están llenas de opacidad; que las autoridades no responden cuando los padres intentan denunciar las causas que provocaron sus muertes. 

La denuncia pública y el espacio en la prensa independiente ha sido, probablemente, la única manera que esos padres han tenido para exigir justicia y reparación, mientras el Estado se ha mantenido al margen. En la prensa es donde esos familiares han tenido un espacio para ser escuchados y para compartir sus historias.

También hace unos años, recuerdo que se generó en las redes sociales la campaña «No al servicio militar» y en los grupos de madres era una etiqueta que todo el tiempo veías compartiendo. A las madres les preocupaba mucho que a sus hijos les pasara algo en el Servicio Militar. Estaban viendo las atrocidades que se cometían ahí a través de los reportes del periodismo independiente. 

Ese movimiento fue, en alguna medida, un resultado del trabajo de la prensa independiente, que generó un debate público del tema. Antes también persistía el miedo en las familias cuando los hijos tenían que ir al Servicio, pero era algo que acataban con cierta resignación.

La prensa independiente logró movilizar a estos padres, quienes dijeron: «No puedes obligarme a que te entregue a mi hijo si tú me lo vas a entregar después muerto».

No obstante, todavía hay muchas aristas por investigar. Aún falta por conocer, por ejemplo, cuántos jóvenes cubanos murieron en las guerras en África. Jóvenes que fueron forzados a ir allá para cumplir su Servicio Militar. 

Después de años documentando estos casos, ¿qué tendría que ocurrir para que las familias puedan acceder a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición?

Mientras en Cuba haya una dictadura esas familias no van a tener acceso a la justicia y a la reparación, porque no hay una separación de poderes, no hay un Estado de derecho.

Ni las negligencias, los accidentes, las autolesiones debido a todo el ambiente de acoso y maltratos en los que están estos jóvenes en el Servicio Militar… nada de eso va a cambiar mientras el sistema cubano se mantenga.