Mario Félix Lleonart

En Cuba no existe un reconocimiento legal del derecho a la objeción de conciencia al Servicio Militar Obligatorio. ¿Qué implicaciones tiene esa prohibición desde la perspectiva de los derechos humanos y la libertad de conciencia y religión? 

La ausencia de reconocimiento legal de la objeción de conciencia es una violación directa de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, reconocida en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha establecido claramente que este derecho se deduce del artículo 18 cuando el Servicio Militar implica el uso de la fuerza letal en conflicto grave con las convicciones profundas de la persona.

En Cuba, no se trata solo de una omisión legal: es una política deliberada de negación. El Estado obliga a los jóvenes a servir a un sistema que no actúa como «servidor de Dios para el bien» (Romanos 13:3-4), sino como una autoridad que genera y exporta el mal. Convertir el Servicio Militar en obligación absoluta, sin alternativa de conciencia, reduce a los jóvenes a carne de cañón de un régimen que los usa contra su pueblo y en conflictos ajenos. Ello vulnera la dignidad humana y convierte el reclutamiento militar en una forma de coerción ideológica y física.

En los últimos años, se ha documentado un elevado número de muertes de jóvenes durante el Servicio Militar, muchas de ellas atribuidas a suicidios, accidentes o hechos aislados. ¿Qué lectura hacen desde el Instituto Patmos de ese patrón y qué responsabilidades cree que tiene el Estado frente a esas muertes? 

Esas muertes son la consecuencia inevitable de un sistema opresivo, opaco y deshumanizante. Las cifras independientes (alrededor de 97 muertes documentadas entre 2001 y 2026, con un marcado aumento de suicidios en los últimos años, especialmente 2025) son solo la punta del iceberg. La edad promedio de las víctimas ronda los 18-19 años. Cuando un Estado recluta adolescentes, los somete a condiciones degradantes, niega la objeción de conciencia y luego atribuye sistemáticamente las muertes a «suicidios», «accidentes» o «hechos aislados», está eludiendo su responsabilidad primaria: proteger la vida de quienes pone bajo su control absoluto.

El Estado es responsable no solo por omisión, sino por crear las condiciones que producen estas muertes: aislamiento, maltrato, falta de atención psicológica real, castigos por intentos de deserción y un entorno en el que la dignidad es sistemáticamente destruida. Un régimen que llama a eso «servicio a la patria»  —mientras esconde los cuerpos y silencia a las familias— está cometiendo una grave violación del derecho a la vida.

Numerosas familias denuncian que las autoridades militares ofrecen información incompleta o contradictoria, restringen el acceso a las investigaciones y, en muchos casos, no rinden cuentas sobre lo ocurrido. ¿Qué obligaciones incumple el Estado cuando no garantiza una investigación independiente, transparente y efectiva de estas muertes? 

Cuando el Estado ofrece información incompleta o contradictoria, restringe el acceso a las investigaciones y no rinde cuentas, incumple obligaciones básicas del Derecho Internacional de los derechos humanos: el deber de investigar de manera pronta, independiente, imparcial, exhaustiva y efectiva toda muerte ocurrida bajo su custodia o control. Lo anterior incluye el derecho de las familias a la verdad, a la participación en el proceso y a una reparación efectiva.

La opacidad no es accidental: forma parte del diseño del sistema. Al negar investigaciones independientes se perpetúa la impunidad, se revictimiza a las familias y se envía el mensaje de que la vida de un joven recluta vale menos que la imagen del aparato militar. Esto constituye, en la práctica, una denegación de justicia sistemática.

¿Consideran que la imposibilidad de rechazar el Servicio Militar por motivos de conciencia, unida a la falta de investigaciones y de mecanismos de rendición de cuentas, configura un problema estructural de derechos humanos en Cuba? ¿Por qué? 

Sí, absolutamente. La imposibilidad de objetar por motivos de conciencia, la ausencia de investigaciones creíbles, así como la falta de mecanismos de rendición de cuentas configuran un problema estructural. No son fallas aisladas ni excesos de mandos locales: es el diseño del Servicio Militar Obligatorio bajo un régimen totalitario que no admite límites a su poder sobre la conciencia y el cuerpo de los ciudadanos.

Cuando el Estado se arroga el derecho absoluto de disponer de la vida y la conciencia de los jóvenes sin permitirles decir «no» por convicciones profundas, y luego se niega a esclarecer las muertes que ocurren bajo su responsabilidad, está negando el núcleo de la dignidad humana. Es una violación estructural de los derechos a la vida, a la libertad de conciencia y a la integridad personal.

¿Qué reformas consideran urgentes para proteger a los jóvenes cubanos y a sus familias? ¿Debería Cuba reconocer el derecho a la objeción de conciencia y establecer un servicio civil alternativo, además de crear mecanismos independientes para investigar las muertes ocurridas durante el Servicio Militar Obligatorio?

Las reformas mínimas e inaplazables son:

Reconocimiento legal pleno del derecho a la objeción de conciencia por motivos religiosos, éticos o de convicciones profundas.

Establecimiento de un servicio civil alternativo de carácter genuinamente no militar y no punitivo.

Creación de mecanismos independientes (con participación de familiares, sociedad civil y observación internacional) para investigar las muertes ocurridas durante el SMO, con acceso real a la información, autopsias transparentes y rendición de cuentas.

Fin de la conscripción de adolescentes y eliminación de las sanciones penales o administrativas por el ejercicio legítimo de la objeción de conciencia.

Mientras el régimen se niegue a esas reformas mínimas, seguiremos llamando —como lo hicimos públicamente en enero de 2026— a los jóvenes cubanos a ejercer su derecho a la objeción de conciencia. No están siendo llamados a servir a un Gobierno que usa la espada para el bien, sino a sostener un sistema que pisotea la vida. La objeción de conciencia no es solo un derecho individual: es un acto de fidelidad a la verdad y a la dignidad humana.